Con la presencia del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana Calderón, y la directora nacional subrogante del Senadis, Karen Astorga Villagra, se realizó la presentación oficial del informe de recomendaciones elaborado por la mesa técnica para la promoción de la participación e inclusión de personas con discapacidad en la educación superior. Instancia que convocó a miembros de organizaciones estudiantiles, entidades y representantes de personas con discapacidad, además de académicas y académicos expertos en la materia, como la profesora de Psicología UC, María Rosa Lissi.

El texto, fruto del trabajo colaborativo realizado durante un año, entrega un completo análisis de las políticas públicas enfocadas en la promoción de la inclusión y participación de personas con discapacidad en la educación superior, además de sugerencias para promover la inclusión y participación, plena y lo más autónoma posible, de las personas con discapacidad en este nivel educativo. Entre las temáticas que abordan las 52 recomendaciones se encuentra la necesidad de establecer cuotas de matrícula para personas con discapacidad en las instituciones de educación superior; crear centros de apoyo multidisciplinarios para estudiantes con discapacidad y comunidad educativa en general; extender la duración de los beneficios arancelarios; y asegurar la coherencia entre la normativa nacional y los compromisos internacionales. Un esfuerzo que no sólo visibiliza los desafíos pendientes, sino que también entrega pistas de cómo se puede seguir avanzando en políticas públicas que logren disminuir las brechas de acceso.

Desafíos pendientes

Si bien durante la última década la matrícula de personas con discapacidad en la educación superior creció un 15,5%, alcanzando más de 15 mil estudiantes en 2024, el informe revela que aún existen importantes desafíos. La baja participación de estudiantes sordos, ciegos, y sordociegos, así como limitaciones en accesibilidad universal y financiamiento, son algunos de ellos.

En este contexto, el subsecretario Orellana anunció el desarrollo de un Plan de Acción que considerará las recomendaciones levantadas en el informe, junto con la elaboración de orientaciones para la implementación de la ley 20.422 en educación superior, la articulación con la CNA y la entrega al Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior para que lo revise como insumo en la materia. “(La inclusión) es un imperativo democrático y una conquista que debemos defender como paradigma educativo. Vamos a ocupar al máximo el tiempo de este gobierno para dejar instaladas acciones concretas y una hoja de ruta que trascienda (…) Este no es un punto de llegada, sino un punto de partida. La agenda de inclusión en educación superior no quedará en el olvido, porque responde al principio fundamental de garantizar igualdad de oportunidades para todas y todos”, afirmó.

En ese sentido, para María Rosa Lissi, académica de Psicología UC y directora del Laboratorio LECSOR: Lengua, Educación y Cultura Sorda, éste es precisamente uno de los principales aspectos en los que es necesario seguir trabajando; ya que si bien ha aumentado la matrícula desde que se aprobó la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, ésta no es una normativa específica para estudiantes. 

“Por ello se necesita trabajar más en políticas públicas que favorezcan el acceso y la permanencia de los estudiantes. Si bien se ha mejorado respecto a lo que existía hace 20 años atrás, no es una ley específica, ni tampoco obliga ni establece sanciones si es que no se cumple lo que allí se estipula. Y ése es uno de los principales problemas que encontramos. Falta reglamentar para que se pueda exigir que las instituciones realmente cumplan. Asimismo, tampoco existe una institución que tenga una atribución de fiscalizar o supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan a las instituciones de educación superior. Y lo que sucede ahora es que si éstas no cumplen, la Subsecretaría de Educación Superior no puede hacer mucho al respecto”, señaló Lissi. 

Además de la legislación, otro aspecto que a juicio de la experta es muy importante abordar para que se puedan cumplir los derechos de los estudiantes con discapacidad es que cada institución tenga un programa de inclusión. “Y la idea es que esas iniciativas no solo apoyen a los estudiantes con discapacidad, sino que se transformen en un apoyo para toda la comunidad educativa. Que esa entidad ayude a que la comunidad entienda lo que son las necesidades educativas especiales y vaya modificando sus creencias y actitudes. Para que los profesionales que egresen de estas instituciones tengan una actitud distinta frente a la discapacidad y la inclusión. En la medida que no haya un programa o una entidad, que en nuestro caso es el PIANE UC, es muy difícil visibilizar las necesidades de los grupos minoritarios”, afirmó.

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