El consenso público sobre el rol que debe tener la ciencia en la toma de decisión de políticas públicas es cada vez mayor. Se asume que la evidencia científica es suficientemente fuerte para impulsar las políticas públicas que deben implementarse, evitando así negociaciones políticas no fundamentadas lógicamente. Políticas públicas basadas en evidencia ha pasado de ser un requerimiento técnico a un eslogan que promueve el bienestar social basado en la economía del conocimiento, posicionándose como uno de los principales modelos de la relación entre ciencia y política.

Esta demanda ya es conocida en los debates en torno a las iniciativas de reformas educacionales. Y con mucha mayor fuerza en la reconocida emergencia del cambio climático: en este último ámbito, políticas públicas que desconozcan lo que dice la evidencia conlleva consecuencias catastróficas pues, como recientemente activistas de todas partes del mundo han manifestado, está en juego el bienestar de las generaciones futuras.

Pero es necesario señalar que en ocasiones este discurso conlleva un riesgo: se han expresado manifestaciones en las que la evidencia se considera como un “sujeto” que señala hechos contundentes, que expresa verdades incómodas (como decía Al Gore), que habla por sí misma (como se deduce, por ejemplo, de tantos documentos de la OECD). Como decía Toland a finales del siglo XVII (i.e., en el período en que se gestan las ciencias físicas, con todo el desarrollo matemático pertinente), “estamos bajo una ley que nos hace inclinarnos ante la luz y majestad de la evidencia”. Sin embargo, desde el Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social (LIES) y la Escuela de Psicología UC, quisiéramos problematizar este implícito, recordando que la evidencia no es el sujeto, sino el objeto del discurso científico producido por quien desarrolla la ciencia: a la hora de relacionarse con las políticas públicas, surge necesariamente la subjetividad de actores, sus inclinaciones políticas, sus creencias e indiferencias.

Roger Pielke, conocido por sus trabajos en relación a la emergencia climática, ha propuesto una taxonomía de dichas subjetividades, de manera de evitar una malversación del “sujeto de la evidencia”. Una de ellas no solo es pertinente, sino urgente de exigir si realmente queremos que la ciencia como objeto, y quien la hace, como sujeto, jueguen un rol constructivo en políticas públicas. Es el llamado rol del intermediario honesto de diferentes alternativas de cursos de acción de políticas públicas (honest bróker; Pielke, 2007). Si realmente queremos que las políticas públicas se basen en la evidencia expuesta por científicos y científicas, deben hacerse y responderse al menos estas dos preguntas:

• Si su recomendación de política pública está basada en resultados científicos, ¿qué información científica sería necesaria para que cambie dicha recomendación?
• Un rango de políticas públicas es consistente con resultados científicos particulares. ¿Cuál es el rango completo de opciones que usted considera consistentes con el estado actual de la ciencia de manera de alcanzar un fin deseado?

Estas preguntas son una exigencia ética para quien busca relevar sus productos científicos en las discusiones políticas. Ya no se trata de llevar adelante una investigación, expresando las conclusiones que lógicamente se desprenden y enfatizando los límites de la misma. Se trata de extraer más de una conclusión y/o recomendación, y por lo tanto, de expresar en la misma investigación los caminos efectivos que puedan contradecir dichas conclusiones.  Si está en juego el bienestar de la sociedad, estas son exigencias mínimas que debe satisfacer todo equipo de investigación. De hecho, cualquier persona que se reconoce como científica, reconocerá que es muy difícil llevar adelante una agenda como esta de forma individual. He aquí un incentivo ético para la investigación asociativa, bajo un modelo científico de actores clave.

Las preguntas que nos propone Pielke en relación a este modelo, son un buen catalizador. Sobre todo en el contexto en que estamos consolidando información científica que nos informe políticas para abordar el cambio climático (informes y la próxima experiencia en la que Chile será protagonista; la COP25). Si estas preguntas no se las hace quien hace la ciencia, que se lo pregunte quien hace política. Si políticos escogen la segunda opción, quedará fuera la contribución de la ciencia en las decisiones de política pública. Es por ello que la pancarta no debería ser Políticas Públicas basadas en evidencia, sino evidencia con múltiples alternativas de políticas públicas. Esto no es solo una pancarta; es el inicio de hacer madurar un nuevo modelo en que la ciencia se posiciona en un mundo interrelacionado como el que vivimos.

Trinidad González Larrondo (Programa de Doctorado en Psicología, Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, UC; Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social, LIES)

Ernesto San Martín (Facultad de Matemáticas, UC; Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social, LIES)