Cuál es la situación en la que se encuentra el país en esta materia, además de analizar las experiencias de otros países ante el cuidado informal de la primera infancia, es lo que analizó la investigación liderada por la académica de la Escuela de Psicología UC, Marigen Narea, junto al director del Centre UC, Ernesto Treviño. La actividad, organizada por el Centro de Políticas Públicas de la UC contó con la participación de Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez; Evelyn Sánchez, directora ejecutiva de la Corporación para la Infancia de Santiago; Analia Jaimovich, especialista senior en educación del Banco Interamericano de Desarrollo e Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la UC.

A fines del año 2022, la imagen de un niño colgando desde el balcón de un edificio en Estación Central ocupó gran parte de las portadas de los medios de comunicación. Sin embargo, pese al impacto en la opinión pública, no era la primera vez que esto ocurría. Lamentablemente, tampoco fue la última. 

“Esto destapó algo que conocemos desde hace mucho quienes trabajamos en niñez”, comenzó diciendo la académica de la Escuela de Psicología UC, al abrir el seminario  en el que presentaría los principales resultados del estudio “Guarderías informales en primera infancia: experiencias internacionales y una propuesta para Chile”. Un trabajo que, de acuerdo a la investigadora, “surge de la necesidad de entregar cuidados a niñas y niños que están en una condición que, creemos, no es la justa. No es la que merecen”.

Una de las preguntas que dirigió esta investigación, y también el espacio organizado por el Centro de Políticas Públicas de la UC, fue por qué estos niños y niñas no están asistiendo a los jardines infantiles. Por qué sus familias o cuidadores han decidido no formar parte del servicio formal, en el que el Estado ha invertido y ha tratado de fortalecer. De acuerdo a la profesora y a Ernesto Treviño, director del Centre UC y uno de los investigadores del proyecto, se trata de una problemática que puede ser analizada desde distintas aristas. 

La primera es que para las mujeres, quienes en su gran mayoría están a cargo de la crianza y el cuidado, resulta complejo equilibrar esta tarea con la vida laboral. Y si bien muchas de ellas están conscientes de la importancia de la sala cuna y el jardín infantil como primer espacio de socialización, y lugar en el que niños y niñas podrán descubrir aptitudes que les serán esenciales a lo largo de su vida, muchas se ven en la obligación de buscar distintas estrategias para lograr compatibilizar el cuidado de sus hijos/as cos los horarios de sus trabajos. A esto se suma que las redes que cada mujer tiene a disposición para el cuidado de sus hijos/as varía mucho de acuerdo a variables sociodemográficas, siendo aún más complejo el caso de las mujeres extranjeras. 

A esta rigidez en los horarios y a la falta de flexibilidad del servicio se suman otros aspectos declarados por las familias de menores de 4 años para no llevarlos a un centro educacional. Por ejemplo, la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI) dio cuenta que un 60,3% de los encuestados considera que “no es necesario, porque lo cuidan en casa” y un 9,1% que “no es necesario que asiste a esa edad”. Por otro lado, en el estudio “Mil Primeros Días”, un 41,9% declara “temor a que se enfermen” y un 22,5% “desconfianza por el cuidado que recibirán”.

Todo esto ha generado que las familias opten por buscar “alternativas de cuidado no parental que se ajusten a sus necesidades y estén disponibles a sus realidades. Los problemas que queremos enfrentar son más bien que es un cuidado principalmente hecho por mujeres, que hay desconfianza, y también falta de cobertura en términos de flexibilidad. Lo anterior ha provocado que las familias busquen una alternativa que en este minuto es ilegal, no está regulada y no tiene estándares de calidad. ¿Y por qué nos preocupa tanto la calidad? Porque sabemos que en este minuto del desarrollo, en los tres primeros años de vida, es donde podemos crear los cimientos para un buen desarrollo. Entonces, además de regularizarlo, monitorearlo, y encontrar un servicio que le haga sentido a estas familias, necesitamos que sea un lugar en el que podamos potenciar a nuestros niños y niñas”, afirmó la académica.

La realidad de otros países

Para responder a esta problemática, lo que hicieron los investigadores fue revisar cuál es la realidad en otros países, con el fin de conocer experiencias que les permitieran “proponer un sistema que regularice los cuidados informales de niñas y niños entre 0 y 3 años, con gobernanza y aseguramiento de la calidad”. De esta revisión sistemática, pudieron conocer más sobre lo que hacen nueve países con sistemas de cuidado proporcionados por cuidadores certificados, que realizan el servicio en hogares o centros comunitarios. Se trata de Finlandia, Australia, Francia, Colombia, Inglaterra, Escocia, Uruguay, Estados Unidos (Iowa) y Canadá (Quebec). La idea fue identificar “facilitadores y obstaculizadores” en estas experiencias, de manera de proponer directrices para regular el servicio que podrían proporcionar cuidadoras certificadas en Chile para niños y niñas. A esto se sumaron entrevistas con equipos implementadores de guarderías pilotos en dos comunas de la Región Metropolitana y entrevistas con stakeholders de distintas áreas, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y sostenedores.

En relación a las experiencias internacionales, una de las características que más destacan en otros países es la flexibilidad de horario. “Eso es lo que buscan las familias, el tener un horario extendido, un horario diferente, que sea compatible con su horario laboral. Un lugar en el que puedan ir a trabajar y tener a los niños/as en un lugar seguro”. ¿Y cuál sería el horario adecuado? Ahí cada país tiene fórmulas distintas para establecer cuál es el máximo de horas que puede pasar el niño/a en este tipo de cuidado. Lo mismo ocurre con la cantidad de niños/as que están a cargo de cada cuidador/a. “Un factor a considerar es la edad de los niños/as. La proporción que debe existir entre niños/as cuidados por adulto se encuentra regulada en todos los servicios revisados. Y el número máximo de niños/as tiende a definirse por la edad.” explicó Narea.

La profesora también afirmó que otro de los aspectos relevantes es que en todas estas experiencias existe un proveedor que inspecciona este tipo de servicios. “Siempre hay alguna entidad que tiene el rol de cerciorarse que la calidad de lo que se esté entregando se ajuste a la certificación que se logró en este tipo de cuidados. Respecto a los requisitos para poder ser idóneo/a para poder cuidar a estos niños. Algunas de las cosas que se les pide, por supuesto, es no poseer antecedentes penales, tener cursos de primeros auxilios, tener una salud compatible con el trabajo, etc. Hay países que piden un mínimo de escolaridad, otros que piden más bien una capacitación, que pueden ser varias horas, varios días. También hay países que piden ambos… que tengan un cierto nivel educativo y además una capacitación”. 

En este punto la académica resaltó que, independiente del país, al parecer hay dos formas de abordar la temática en el mundo en general. “No es un problema que tengamos solo nosotros, también ocurre en otros lugares. Y esa problemática tiene que ver con preguntarse si éste es un servicio que va a depender de un servicio social o de educación ¿Dónde ponemos este tipo de cuidados?”. Es importante poner atención en esta tensión, porque necesitamos cuidar a nuestros niños, no dejar a estos servicios sin una fiscalización que nos de la seguridad de que están bien, pero a la vez desarrollando todo su potencial”.

Al respecto, Ernesto Treviño, quien es director del Centro UC para la transformación Educativa (Centre UC) agregó que esto exige una mayor colaboración entre las distintas instituciones involucradas. “Al igual que en las universidades, donde se nos exige interdisciplina, nuestro trabajo está organizado en Facultades. Y al Estado, que está organizado sectorialmente, también le exigimos intersectorialidad. Tenemos una estructura, una misión institucional de cada uno de los sectores, que todavía está diferenciada. Y a pesar de que tenemos un sistema de garantías para la infancia, éste es muy reciente y tenemos que aceitarlo en términos institucionales. Aceitar esa colaboración entre las distintas carteras que deben trabajar en esta materia”.

El académico de la Facultad de Educación también hizo hincapié en la importancia de la flexibilidad. “¿Qué tipo de permisos o de exigencias vamos a tener con estos servicios de cuidado informal? Porque no podemos tener los mismos estándares que tenemos para un jardín infantil. Entonces ahí la duda es cuál es el equilibrio, el punto medio exacto para que sean flexibles y puedan entregar respuestas a las necesidades de las familias, de mujeres trabajadoras, sin dejar de atender las necesidades de desarrollo integral de niños/as. Porque, independientemente de que los servicios dependan o no del Ministerio de Educación, de todas maneras deberían tener una perspectiva educativa y de desarrollo. De no ser así sería una pérdida, en términos de política pública y en términos de oportunidades para el desarrollo infantil temprano”.

En ese sentido, el investigador señaló que es importante que una nueva propuesta considere las diferentes modalidades de prestación y servicios; una diversidad de infraestructuras y también una colaboración público-privada. Para ello, Treviño explicó que son necesarios incentivos para la regularización y el financiamiento. “La regularización debería ir acompañada de mecanismos de incentivo para registro y regularización de aquellos servicios que actúan en la informalidad. Tiene que existir un período de transición, porque sería muy poco colaborador con las necesidades de las familias el establecer un estándar y que muchos de los cuidados informales queden fuera. Porque si esos cuidados informales quedan fuera, los van a seguir utilizando, independiente de que no sean regularizados o reconocidos”.

Dos estrategias que pueden ser de utilidad para esto, de acuerdo al experto, son la creación de un registro de cuidadoras/es certificadas/os en buscadores de internet, y la creación de un sistema de subvención para gastos variables. Esto permitiría que madres y padres, al inscribir a sus hijas/os en guarderías debidamente certificadas, reciban un apoyo monetario mensual. Incentivo para que padres y madres busquen guardería formales, pero también un incentivo para que estos servicios se certifiquen. “Eso en lo que respecta a la atención de los niños/as, sin embargo, los gastos más de capital o los gastos que tengan que ver con infraestructura se tienen que pensar desde otra manera, de forma tal de que no estemos supeditados a llenar las salas o los lugares de niños/as para poder pensar un punto de equilibrio en el financiamiento. Eso sería contraproducente en relación a los hallazgos que encontramos en la evidencia internacional”, finalizó.